La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica. Esto se hace mediante el establecimiento de obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Por blanqueo de capitales se entiende el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo.

Los particulares y empresas para solicitar créditos o financiación deberán a partir de ahora formalizar un certificado de prevención de blanqueo de capitales exigibles  por las entidades bancarias.

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